La disputa de poder y el espacio publico. Desde Kirchner hacia Cambiemos.

Desde 2003 asistimos a una progresiva y constante directriz del Estado con respecto al uso del espacio público. Preso del mito que le dio origen y combustible a su posterior legitimación como gobierno del pueblo, sistemáticamente se habilito a la gran mayoría de las cuestiones socialmente problematizadas, plasmarse en las calles a través de piquetes. Así, a lo largo de toda esta década, el espacio público como tal sufrió una mutación: Dejo de ser exclusivamente ese lugar de traslado de peatones y vehículos y se transformo en una arena de disputas políticas, un magma incandescentemente vivo que post 2001 parecía coherente y que conforme pasaron los años comenzó a estancarse y volverse pesado, ilegitimo, cuestionable. Al dejar de reprimir la protesta social se vació de sentido a la misma, esto es en efecto una política de Estado concreta, la no represión.

Ciertos sectores de la oposición al gobierno, con el correr de los años y con posibilidades reales y concretas de ganar una elección, tomaron esta política con el único fin de denostarla y convertirla en uno de los hilos conductores de una campaña y de un proyecto político que viene a despejar la calle de toda disputa política, y para empezar lo hace pasando el filtro a través de un análisis de tipo economicista-individualista. Frases tales como “Solo pueden protestar los trabajadores despedidos sin acudir a “infiltrados políticos” o “por que no le hacen piquete al dueño de la empresa”, escuchadas en radios y leídas en diarios, minan al sentido común y la consciencia política de todos nosotros. Se intentan encasillar disputas de espacios políticos, conflictos de poder reales, en términos de empleados, empleadores y salarios, cuando lo que está en juego y se vislumbra es un nuevo e intenso énfasis en la sumisión de las disputas políticas a términos y soluciones economicistas, en lugar del poder. Por ejemplo; se discute si es legitimo o no que organizaciones políticas estén solidarizadas con los empleados de cresta roja y en lugar de marcar la cancha al nuevo gobierno, los medios se disponen a operar sobre el sentido común vaciándolo del componente critico-político.

Una aclaración: No estoy diciendo que durante gobiernos Kirchneristas no haya habido represión en el espacio público, nada más lejos que eso, solo hace falta repasar sobre todo la última gestión de CFK para encontrar manifestaciones claves que quizás presagiaban la nueva política de Estado: Lear, Donnelley, desalojos del parque indoamericano, cuestión QOM, y un largo ETC. A lo que me refiero es que el nuevo gobierno está haciendo de esa represión un slogan de campaña, garantizar la libre circulación del espacio público implica entre otras cosas la represión sistemática de la protesta social a cambio de una vaguísima promesa de resolver reclamos que se sabe un Estado está lejos de resolver. Al fin y al cabo estamos frente a una revalorización de las potestades básicas del Estado: defender la propiedad privada y el modo de acumulación capitalista. Dejo como hipótesis provisional que conforme pasaron los años Kirchneristas en el poder fue recrudeciéndose el accionar de aparato coercitivo del Estado.

Urge atender a la metamorfosis que se está dando a mi entender alrededor de la relación entre Sociedad Civil y Estado con el cambio de gobierno, si en épocas kirchneristas el Estado de alguna manera promovía, estructuraba, apropiándose de una identidad asistencialista y oficiando de hospital de guerra post-argentinazo (2001), a la sociedad civil, a la economía privada propia de los ciudadanos, ya sea a través de subsidios en tarifas, transporte etc., como de asignaciones, lo que se está observando, tomando en cuenta las primeras medidas del nuevo gobierno, y tomando como supuesto los siempre ambiguos discursos de campaña, es un repliegue de esas facultades asistenciales, benefactoras del Estado, y una reconciliación con esas funciones que, aunque nunca fueron abandonadas, ahora se enarbolan como muestras de carácter por parte del nuevo presidente y evolución del Estado: ahora visto como un actor más interesado en la promoción de obra pública y promesas de modernización que en la inclusión social propia del gobierno que se fue. “El 2001 ya paso ahora hay que dar el paso siguiente”, es lo que podría pregonar más de un dirigente del nuevo gobierno.

La represión de la protesta social, el divorcio entre lo económico y lo político, entre sociedad civil y Estado, un divorcio anclado en la fragmentación del todo social, con la vuelta al empoderamiento del ciudadano entendido como individuo soberano, trabajador, capitalista, movido por una racionalidad económica, en búsqueda de maximizar beneficios y reducir costos en tiempos de crisis, restaurar los sueños de ascenso social en base al merito propio, etc. En esas líneas parece estar trazado el plano de la argentina que se viene con el nuevo gobierno.